Chile: Evaluación de programas presidenciales desde un enfoque de derechos
El examen de los programas presidenciales del 2009 muestra que todos presentaron un conjunto variado e inconexo de ocurrencias y lugares comunes, y una inaceptable omisión de estándares de derechos de pueblos indígenas y soslayamiento de obligaciones internacionales de Estado.
En 2013 nuevamente en Chile hay elecciones. Es recomendable que candidata y candidatos a Jefe de Estado no omitan la agenda de obligaciones respecto a derechos de los pueblos indígenas. Una agenda ineludible en un país plurinacional, con casi 2 millones de ciudadanos y ciudadanas de nueve pueblos originarios.
En 2009 examinamos los programas presidenciales de los cuatro candidatos que competían en esas elecciones, representantes de distintas coaliciones políticas, de izquierda, centro, y derecha: Jorge Arrate, Marco Enríquez-Ominami, Sebastián Piñera y Eduardo Frei R-T. Evaluamos los programas presidenciales desde un enfoque de derechos, esto es, desde las obligaciones del estado de Chile respecto a derechos de pueblos indígenas, fundadas en tratados e instrumentos de derechos humanos y recomendaciones formuladas a Chile por órganos autorizados de derechos humanos.
Compilamos las propuestas programáticas de las cuatro candidaturas respecto a asuntos indígenas. Cada programa presidencial fue analizado para verificar si las medidas propuestas daban cuenta de los distintos items de la agenda de obligaciones estatales relativas a derechos de los pueblos indígenas en Chile.
Se concluye que los programas presidenciales del 2009 en materia de políticas indígenas no estuvieron a la altura de la agenda de obligaciones del Estado. Todos presentan un conjunto variado e inconexo de ocurrencias de cada comando, y una inaceptable omisión de estándares de derechos de pueblos indígenas y soslayamiento de obligaciones internacionales de Estado.
Quien gobierne en el período 2014-2017 deberá hacerse cargo de una sustantiva agenda de obligaciones estatales, ahora incrementada con nuevos desafíos. Tal agenda, además de su fuerza jurídica - son deberes internacionales del estado- tiene la virtud de reflejar las principales exigencias de los pueblos indígenas, al mismo tiempo ofrece un marco para el diálogo, y una pauta para políticas públicas basadas en derechos.
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