Conservación Internacional ya no puede operar en Ecuador
Por Eduardo Tamayo
ALAI AMLATINA
La ONG estadounidense Conservación Internacional (CI) ya no puede realizar actividades en el Ecuador, según dispusieron el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cooperación Técnica Internacional de ese país en días pasados.
Dos motivos determinaron la resolución de dar por terminada la labor de esta ONG patrocinada por empresas transnacionales y relacionada a los programas del Banco Mundial y de la USAID. El primero es que el Convenio suscrito entre CI y el Estado ecuatoriano el 6 de abril de 2001 tenía una duración de 5 años y feneció en el 2006. Al no haber sido renovado
ya no tiene autorización legal para seguir ejerciendo actividades en territorio nacional.
El segundo motivo tiene que ver con el no acatamiento de una resolución del Defensor del Pueblo, Dr. Fernando Gutiérrez, quien dispuso medidas de cumplimiento obligatorio para hacer efectivo el pago de una póliza de seguro de invalidez a favor del biólogo ecuatoriano Alfredo Luna, quien el 3 de agosto de 1993 sufrió un accidente aéreo.
Lavar la imagen
Conservación Internacional, nacida en 1987, tiene su sede en Washington y opera en 25 países de cuatro continentes. Entre sus patrocinadores se encuentran las transnacionales más grandes de Estados Unidos, entre ellas la Chevron, Monsanto, Coca Cola, Walmart, Walt Disney, Mc Donalds, Rio Tinto.
CI señala en su sitio web que uno de los objetivos de su trabajo es establecer alianzas con diversos actores y facilitar la “participación y colaboración de individuos y empresas, comprometidas con la conservación de la naturaleza y el bienestar humano”(1).
Sus propósitos parecen loables, pero un creciente número de personas están cuestionando las credenciales de CI como organización ambientalista, señala Aziz Choudry activista, investigador y escritor de Nueva Zelanda. Para Choudry, las empresas transnacionales están enfrentando una resistencia y oposición globales a sus actividades por lo que buscan proyectar una “imagen verde” de sí mismas (2). En definitiva lo que les interesa es darse un “baño verde”.
Y se da la paradoja entonces que la petrolera Chevron (anterior Texaco), que cuando operó en el Ecuador entre los años 1964 y 1990 causó uno de los desastres ambientales más graves en la Amazonía al arrojar aguas de formación a esteros y ríos provocando contaminación y graves enfermedades en sus pobladores, es una de las empresas que patrocina a CI. Por este motivo, Chevron, la misma que patrocina a CI, ha sido enjuiciada por un grupo de pobladores e indígenas para exigir la limpieza, reparación y restauración por los daños causados. A su vez, Chevron ha demandado por sumas millonarias al Estado ecuatoriano y ha presionado para que el gobierno de Estados Unidos no renueve las preferencias arancelarias, ATPDEA, para Ecuador.
Pero hay otro dato interesante, el Centro de Análisis Político e Investigación Sociales y Económicas de México realizó una investigación sobre la presencia de CI en el estado de Chiapas y la calificó como el “Caballo de Troya’’ (3). Este centro de estudios concluyó que la estrategia de CI apuntaba a generar enfrentamientos entre pueblos zapatistas o el mismo EZLN con los Caribes o Lacandones, a desalojar a las comunidades de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA), a debilitar política y militarmente al EZLN y a desmantelar los municipios autónomos zapatistas.
Otra conclusión de esta investigación fue que “Conservación Internacional, además de ser financiada, administrada y dirigida por directivos de grandes trasnacionales, muchos de ellos con intereses económicos en la biodiversidad, reporta y entrega toda la información disponible a la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América (USAID por sus siglas en inglés). En llano, al gobierno de los EEUU quien ve en la biodiversidad de Chiapas un asunto estratégico”
CI promueve los llamados servicios ambientales, es decir la mercantilización de la naturaleza, entre los que incluye: “la protección y regulación de recursos hídricos, la regulación del clima, la protección de los suelos, la prevención de desastres naturales, la belleza paisajística y provisión de otros atractivos naturales y culturales, y espacios para expresiones religiosas y espirituales” (4). Promueve, además, el desarrollo de “modelos de negocios verdes” y el mercado de “bonos de carbono”: las empresas y otras entidades, principalmente de los países industrializados, que desarrollan actividades contaminantes, pueden “compensar sus emisiones de carbono” mediante donaciones destinadas a conservación o reforestación en los países del sur. De esta manera los países industrializados mantienen sus modelos de consumo y de vida insustentable y a cambio de unas monedas nos transfieren la responsabilidad de conservar nuestra biodiversidad.
La ONG ecuatoriana Acción Ecológica sostiene que de “las experiencias de casos desarrollados en el Ecuador, y en otros lugares del mundo, muestran que el mercado de servicios ambientales no es una estrategia de conservación –ni para detener el cambio climático, para este caso–, ni menos aún para mejorar las condiciones de las poblaciones locales. Por el contrario, es un mecanismo de apropiación de los territorios de pueblos indígenas y comunidades locales, a quienes se les priva “legalmente” del derecho de uso, administración y control de los mismos y, peor aún, se les somete a sanciones, inclusive de tipo penal, que pone en serio riesgo su vida, como personas y como pueblos” (5).
Trascendencia
La resolución de dar por terminada las relaciones con CI tiene gran importancia. Como en el año 2009, cuado el Ecuador recuperó la soberanía nacional al dar por terminado el uso de la base de Manta por militares de Estados Unidos, la salida de CI implica recuperar la soberanía en el manejo de los programas y las políticas ambientales.
Con esta medida, además, se rompe la dependencia de algunas instituciones del Estado de los recursos económicos y de la asistencia que proporciona CI. Entre el 2007 y el 2009, CI habría aportado al Ecuador 3 millones de dólares, cantidad que no es determinante si se compara con los recursos que otorga el gobierno de Rafael Correa para los programas medioambientales.
CI tiene nexos y colabora con 10 instituciones públicas, ente las que se puede mencionar los Ministerios de Ambiente y de Turismo, Armada del Ecuador, Policía Nacional y el Instituto Nacional de Pesca; con 22 Ongs entre las que se encuentra Fundación Natura, la Fundación para la Sobrevivencia Cofán; con organizaciones indígenas y campesinas como: Federación de Centros Chachi del Ecuador (FECCHE), Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) , UNICYPP, filial de la FENOCIN, Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán (FEINCE), FCAE, CPSHA, con cuatro universidades y con las empresas Metropolitan Touring y AereoGal (6).
El Caso Luna
El biólogo Alfredo Luna trabajaba en el equipo de investigación de Conservación Internacional creado para la realización de Proyectos de Evaluación Rápida (RAP) en Ecuador, en la Cordillera del Cóndor en la Amazonía, la Reserva Arenillas y la Cordillera del Chongón y Colonche.
La avioneta en la que viajaba Luna y el equipo de investigación de CI se estrelló en el sitio conocido como Loma Alta, en la Cordillera de Chongón, muriendo cuatro personas, entre ellas los científicos estadounidenses Ted Parker y Al Gentry.
Luna sobrevivió al accidente, pero sufrió lesiones graves que lo dejaron inválido e incapacitado para ejercer su profesión. Aunque los primeros gastos médicos los cubrió un seguro adquirido por CI, Luna no recibió un seguro de invalidez que le hubiese permitido afrontar el costoso tratamiento y las medicinas que debe tomar de por vida. CI contrató seguros de muerte e invalidez solo para los miembros norteamericanos del equipo, siendo excluidos los ecuatorianos, según señala Luna.
En este caso, CI habría incumplido el artículo 16 del Convenio Básico de Cooperación que señala que “la Organización se obligará al cumplimiento del Régimen Legal Laboral y de Seguridad Social ecuatorianos, respecto del personal nacional contratado por la misma…” incumplimiento que configuraría la terminación de actividades en el país.
Desde hace 18 años, Luna viene reclamando a CI una indemnización pero solo ha encontrado promesas. En 1994, Russel A. Mittermeier, presidente de CI, le informó sobre las posibilidades de una indemnización por invalidez pero de allí no pasó.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador en el 2001 pidió a CI que cumpla y repare a Luna por el accidente sufrido por éste último, pero la ONG se ha negado. El 23 de noviembre de 2010, la Defensoría del Pueblo dispuso “Medidas de Cumplimiento Obligatorio” mediante las cuales se ordena a la organización extranjera CI que “ejecute de manera inmediata y eficaz las acciones pertinentes para hacer efectivo el pago de la póliza de seguro de invalidez a favor del Biólogo Alfredo Luna Narváez”. En caso de no hacerlo, dispone que se aplique el artículo 24 del Reglamento de personas jurídicas sin fines de lucro que prevé que en caso de incumplimientos legales se dé por terminada las actividades de una ONG extranjera en el Ecuador.
El 9 de marzo de 2011 se llevó a cabo una reunión de conciliación entre las partes litigantes, Alfredo Luna, en sobre sellado, presentó los componentes de índole moral y compensatorio que solicita a CI, sin que ésta haga una contra propuesta. La Defensoría del Pueblo, ante esto, pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que proceda de forma inmediata a la ejecución de las Medidas de Cumplimiento Obligatorio para este caso.
CI, en respuesta, por intermedio de su director ejecutivo, Luis Suárez Martínez, respondió con una demanda legal contra el Defensor del Pueblo y el Procurador General del Estado que fue presentada en la segunda sala de lo contencioso y calificada el 27 de abril de 2011.
CI actualmente estaría haciendo un fuerte lobby entre algunos funcionarios del gobierno con el objeto de quedarse en el Ecuador, pero al parecer no le ha ido muy bien. El pedido de que se le otorgue un permiso temporal de funcionamiento le fue negado por la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional. “Estamos impedidos de realizar actividades en el país, incluyendo el trámite de nuevas donaciones y la provisión de asistencia técnica”, escribe en una comunicación Luis Suárez.
ALAI AMLATINA
La ONG estadounidense Conservación Internacional (CI) ya no puede realizar actividades en el Ecuador, según dispusieron el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cooperación Técnica Internacional de ese país en días pasados.
Dos motivos determinaron la resolución de dar por terminada la labor de esta ONG patrocinada por empresas transnacionales y relacionada a los programas del Banco Mundial y de la USAID. El primero es que el Convenio suscrito entre CI y el Estado ecuatoriano el 6 de abril de 2001 tenía una duración de 5 años y feneció en el 2006. Al no haber sido renovado
ya no tiene autorización legal para seguir ejerciendo actividades en territorio nacional.El segundo motivo tiene que ver con el no acatamiento de una resolución del Defensor del Pueblo, Dr. Fernando Gutiérrez, quien dispuso medidas de cumplimiento obligatorio para hacer efectivo el pago de una póliza de seguro de invalidez a favor del biólogo ecuatoriano Alfredo Luna, quien el 3 de agosto de 1993 sufrió un accidente aéreo.
Lavar la imagen
Conservación Internacional, nacida en 1987, tiene su sede en Washington y opera en 25 países de cuatro continentes. Entre sus patrocinadores se encuentran las transnacionales más grandes de Estados Unidos, entre ellas la Chevron, Monsanto, Coca Cola, Walmart, Walt Disney, Mc Donalds, Rio Tinto.
CI señala en su sitio web que uno de los objetivos de su trabajo es establecer alianzas con diversos actores y facilitar la “participación y colaboración de individuos y empresas, comprometidas con la conservación de la naturaleza y el bienestar humano”(1).
Sus propósitos parecen loables, pero un creciente número de personas están cuestionando las credenciales de CI como organización ambientalista, señala Aziz Choudry activista, investigador y escritor de Nueva Zelanda. Para Choudry, las empresas transnacionales están enfrentando una resistencia y oposición globales a sus actividades por lo que buscan proyectar una “imagen verde” de sí mismas (2). En definitiva lo que les interesa es darse un “baño verde”.
Y se da la paradoja entonces que la petrolera Chevron (anterior Texaco), que cuando operó en el Ecuador entre los años 1964 y 1990 causó uno de los desastres ambientales más graves en la Amazonía al arrojar aguas de formación a esteros y ríos provocando contaminación y graves enfermedades en sus pobladores, es una de las empresas que patrocina a CI. Por este motivo, Chevron, la misma que patrocina a CI, ha sido enjuiciada por un grupo de pobladores e indígenas para exigir la limpieza, reparación y restauración por los daños causados. A su vez, Chevron ha demandado por sumas millonarias al Estado ecuatoriano y ha presionado para que el gobierno de Estados Unidos no renueve las preferencias arancelarias, ATPDEA, para Ecuador.
Pero hay otro dato interesante, el Centro de Análisis Político e Investigación Sociales y Económicas de México realizó una investigación sobre la presencia de CI en el estado de Chiapas y la calificó como el “Caballo de Troya’’ (3). Este centro de estudios concluyó que la estrategia de CI apuntaba a generar enfrentamientos entre pueblos zapatistas o el mismo EZLN con los Caribes o Lacandones, a desalojar a las comunidades de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA), a debilitar política y militarmente al EZLN y a desmantelar los municipios autónomos zapatistas.
Otra conclusión de esta investigación fue que “Conservación Internacional, además de ser financiada, administrada y dirigida por directivos de grandes trasnacionales, muchos de ellos con intereses económicos en la biodiversidad, reporta y entrega toda la información disponible a la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América (USAID por sus siglas en inglés). En llano, al gobierno de los EEUU quien ve en la biodiversidad de Chiapas un asunto estratégico”
CI promueve los llamados servicios ambientales, es decir la mercantilización de la naturaleza, entre los que incluye: “la protección y regulación de recursos hídricos, la regulación del clima, la protección de los suelos, la prevención de desastres naturales, la belleza paisajística y provisión de otros atractivos naturales y culturales, y espacios para expresiones religiosas y espirituales” (4). Promueve, además, el desarrollo de “modelos de negocios verdes” y el mercado de “bonos de carbono”: las empresas y otras entidades, principalmente de los países industrializados, que desarrollan actividades contaminantes, pueden “compensar sus emisiones de carbono” mediante donaciones destinadas a conservación o reforestación en los países del sur. De esta manera los países industrializados mantienen sus modelos de consumo y de vida insustentable y a cambio de unas monedas nos transfieren la responsabilidad de conservar nuestra biodiversidad.
La ONG ecuatoriana Acción Ecológica sostiene que de “las experiencias de casos desarrollados en el Ecuador, y en otros lugares del mundo, muestran que el mercado de servicios ambientales no es una estrategia de conservación –ni para detener el cambio climático, para este caso–, ni menos aún para mejorar las condiciones de las poblaciones locales. Por el contrario, es un mecanismo de apropiación de los territorios de pueblos indígenas y comunidades locales, a quienes se les priva “legalmente” del derecho de uso, administración y control de los mismos y, peor aún, se les somete a sanciones, inclusive de tipo penal, que pone en serio riesgo su vida, como personas y como pueblos” (5).
Trascendencia
La resolución de dar por terminada las relaciones con CI tiene gran importancia. Como en el año 2009, cuado el Ecuador recuperó la soberanía nacional al dar por terminado el uso de la base de Manta por militares de Estados Unidos, la salida de CI implica recuperar la soberanía en el manejo de los programas y las políticas ambientales.
Con esta medida, además, se rompe la dependencia de algunas instituciones del Estado de los recursos económicos y de la asistencia que proporciona CI. Entre el 2007 y el 2009, CI habría aportado al Ecuador 3 millones de dólares, cantidad que no es determinante si se compara con los recursos que otorga el gobierno de Rafael Correa para los programas medioambientales.
CI tiene nexos y colabora con 10 instituciones públicas, ente las que se puede mencionar los Ministerios de Ambiente y de Turismo, Armada del Ecuador, Policía Nacional y el Instituto Nacional de Pesca; con 22 Ongs entre las que se encuentra Fundación Natura, la Fundación para la Sobrevivencia Cofán; con organizaciones indígenas y campesinas como: Federación de Centros Chachi del Ecuador (FECCHE), Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) , UNICYPP, filial de la FENOCIN, Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán (FEINCE), FCAE, CPSHA, con cuatro universidades y con las empresas Metropolitan Touring y AereoGal (6).
El Caso Luna
El biólogo Alfredo Luna trabajaba en el equipo de investigación de Conservación Internacional creado para la realización de Proyectos de Evaluación Rápida (RAP) en Ecuador, en la Cordillera del Cóndor en la Amazonía, la Reserva Arenillas y la Cordillera del Chongón y Colonche.
La avioneta en la que viajaba Luna y el equipo de investigación de CI se estrelló en el sitio conocido como Loma Alta, en la Cordillera de Chongón, muriendo cuatro personas, entre ellas los científicos estadounidenses Ted Parker y Al Gentry.
Luna sobrevivió al accidente, pero sufrió lesiones graves que lo dejaron inválido e incapacitado para ejercer su profesión. Aunque los primeros gastos médicos los cubrió un seguro adquirido por CI, Luna no recibió un seguro de invalidez que le hubiese permitido afrontar el costoso tratamiento y las medicinas que debe tomar de por vida. CI contrató seguros de muerte e invalidez solo para los miembros norteamericanos del equipo, siendo excluidos los ecuatorianos, según señala Luna.
En este caso, CI habría incumplido el artículo 16 del Convenio Básico de Cooperación que señala que “la Organización se obligará al cumplimiento del Régimen Legal Laboral y de Seguridad Social ecuatorianos, respecto del personal nacional contratado por la misma…” incumplimiento que configuraría la terminación de actividades en el país.
Desde hace 18 años, Luna viene reclamando a CI una indemnización pero solo ha encontrado promesas. En 1994, Russel A. Mittermeier, presidente de CI, le informó sobre las posibilidades de una indemnización por invalidez pero de allí no pasó.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador en el 2001 pidió a CI que cumpla y repare a Luna por el accidente sufrido por éste último, pero la ONG se ha negado. El 23 de noviembre de 2010, la Defensoría del Pueblo dispuso “Medidas de Cumplimiento Obligatorio” mediante las cuales se ordena a la organización extranjera CI que “ejecute de manera inmediata y eficaz las acciones pertinentes para hacer efectivo el pago de la póliza de seguro de invalidez a favor del Biólogo Alfredo Luna Narváez”. En caso de no hacerlo, dispone que se aplique el artículo 24 del Reglamento de personas jurídicas sin fines de lucro que prevé que en caso de incumplimientos legales se dé por terminada las actividades de una ONG extranjera en el Ecuador.
El 9 de marzo de 2011 se llevó a cabo una reunión de conciliación entre las partes litigantes, Alfredo Luna, en sobre sellado, presentó los componentes de índole moral y compensatorio que solicita a CI, sin que ésta haga una contra propuesta. La Defensoría del Pueblo, ante esto, pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que proceda de forma inmediata a la ejecución de las Medidas de Cumplimiento Obligatorio para este caso.
CI, en respuesta, por intermedio de su director ejecutivo, Luis Suárez Martínez, respondió con una demanda legal contra el Defensor del Pueblo y el Procurador General del Estado que fue presentada en la segunda sala de lo contencioso y calificada el 27 de abril de 2011.
CI actualmente estaría haciendo un fuerte lobby entre algunos funcionarios del gobierno con el objeto de quedarse en el Ecuador, pero al parecer no le ha ido muy bien. El pedido de que se le otorgue un permiso temporal de funcionamiento le fue negado por la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional. “Estamos impedidos de realizar actividades en el país, incluyendo el trámite de nuevas donaciones y la provisión de asistencia técnica”, escribe en una comunicación Luis Suárez.
1) http://www.conservation.org.ec/aliados/alianzas_innovadoras.php
2) http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol20num1/articulos/traduccion/index.html Consultado 2011-09-13
3) http://enlinea.capise.org.mx/files/caballodetroya.pdf
4) http://conservation.org.ec/contenidos/contenidos.php?recordID=15
5) http://www.accionecologica.org/images/2005/accioneco/alertas/alerta_verde_162.pdf
6) http://www.conservation.org.ec/aliados/aliados_clave.php
Mas informacion: http://alainet.org
RSS: http://alainet.org/rss.phtml Twitter: http://twitter.com/ALAIinfo
2) http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol20num1/articulos/traduccion/index.html Consultado 2011-09-13
3) http://enlinea.capise.org.mx/files/caballodetroya.pdf
4) http://conservation.org.ec/contenidos/contenidos.php?recordID=15
5) http://www.accionecologica.org/images/2005/accioneco/alertas/alerta_verde_162.pdf
6) http://www.conservation.org.ec/aliados/aliados_clave.php
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