Incesante la búsqueda de personas desaparecidas en México


Atziri Ávila*

El incremento de la desaparición de personas en México es un problema que cada minuto impacta en la vida de muchas mexicanas y mexicanos. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) se tiene documentada la desaparición de 27 mil 638 personas.

Dicha problemática incrementó en 2006 con la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” de Felipe Calderón, en cuyo sexenio la violencia, los asesinatos, feminicidios y  la desaparición de personas ascendieron exponencialmente.

A partir de ese entonces ha sido constante la aparición de fosas clandestinas con cuerpos de personas en distintas partes del país.

Ante la falta de investigaciones, impunidad, omisión y complicidad de las autoridades, las familias han salido a las calles en busca de sus familiares desaparecidos; unidos hombres y mujeres a lo largo y ancho de México se han conformado en espacios como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM); el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM); el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México; entre otros, todo ello con el objetivo de exigir la aparición con vida, el derecho a la verdad y el acceso a la justicia.

Lugares como Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, se han vuelto emblemáticos por el incremento de la desaparición de personas, si bien las familias de las víctimas habían permanecido invisibles por mucho tiempo,  es conocido que desde 2007 la desaparición de personas es una constante en esta población en la cual se tiene el registro de al menos 309 personas, como se documenta en el Informe “Un trato de indolencia, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México” publicado recientemente por la organización Amnistía Internacional.

A ello se une la desaparición forzada, como lo evidenciaron los hechos ocurridos el 26 y 27 se septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fecha en la que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos, mientras que tres más fueron ejecutados extrajudicialmente.

A pesar de que han pasado 16 meses de los hechos, la impunidad prevalece y si bien han sido detenidas algunas personas, ninguna fue procesada por desaparición forzada. El 21 de enero de 2016 fueron detenidos tres personas: Bernabé Sotelo Salinas,  Cruz Sotelo Salinas y Mauro Taboada Salgado, sin embargo los cargos en su contra fueron por portación ilegal de armas de fuego.

Paradójicamente, los normalistas, las familias y las organizaciones acompañantes han sido acusadas incluso de tener nexos con el crimen organizado o grupos paramilitares.

Asimismo, las expertas Claudia Paz y Paz de Guatemala y Ángela Buitrago de Colombia, quienes forman parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, han sido objeto de una campaña de señalamientos infundados, calumnias y difamaciones a través de declaraciones a los medios de comunicación, conferencias en universidades y redes sociales.

Además de la colusión de las autoridades, la desaparición de personas y la desaparición forzada también ha dejado ver los impactos a los proyectos de vida de las y los familiares de las víctimas como: afectaciones a la salud, problemas económicos, falta de acceso a la educación, el abandono de otras hijas e hijos y muchos más.

Lamentablemente las más afectadas son  personas con menos recursos económicos, quienes regularmente viven en lugares alejados en donde es muy difícil acceder a las autoridades correspondientes para realizar las denuncias necesarias. Y muchas otras veces, aunque exista la posibilidad de hacerlas, se opta por omitirlas debido al miedo o a la falta de confianza en quienes tendrían que garantizar el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida de las y los mexicanos.

En México vivimos un mundo al revés, a grado tal que son las propias autoridades quienes agreden a las familias de las personas desaparecidas y a las defensoras de derechos humanos que visibilizan la desaparición de personas y los feminicidios en México.

Un claro ejemplo  es el allanamiento a la casa de la defensora Janahuy Paredes ocurrido el pasado 25 de diciembre de 2015 en Morelia, Michoacán. Janahuy es integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) e hija del defensor de Derechos Humanos Francisco Paredes Ruíz, detenido y desaparecido por elementos del Ejército Mexicano el 26 de septiembre del 2007 en la ciudad de Morelia.

La defensora llamó a la policía para denunciar lo ocurrido y solicitó la presencia de autoridades, aunque la operadora recibió su denuncia y nombre, el auxilio nunca llegó, contrario a ello, tres horas después regresaron los mismos sujetos que allanaron y desde la calle uno de ellos gritó: “Identifíquenla bien de la cara, después se encargan de ella, se la llevan y la desaparecen, porque ella fue la que llamó a la policía (…).[1]

La exigencia de justicia y la denuncia de las omisiones e ineficacia del Estado, ha colocado a las defensoras de derechos humanos y familiares en extrema vulnerabilidad, así lo evidencia el asesinato de la señora Cornelia San Juan Guevara, madre de Osvaldo Espejel Guevara quien fue desaparecido desde el año 2012 en Tecámac, Estado de México, “doña Coni” quien era integrante del Grupo Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos fue asesinada el 15 de enero de 2016 en su propia casa.

Una de las características en la desaparición de personas en México, es la desaparición de personas jóvenes, como es el fatídico caso de Susana Tapia Garibo (16 años), Bernardo Benítez Arroniz (25 años), José Benítez de la O (24 años), Mario Arturo Orozco Sánchez (27 años) y Alfredo González (25 años).

Estos cinco jóvenes fueron detenidos en un retén por la policía estatal el 11 de enero de 2016 en el estado de Veracruz, según la información divulgada por las madres de los jóvenes, sus hijos fueron subidos a patrullas de la policía y desde esa fecha se desconoce su paradero.

La desaparición de personas #NoEsNormal y la desaparición forzada es aún más grave que merece ser investigada, sancionada y reparada.

La realidad que vivimos en México es ocultada por los medios de comunicación masivos, sin embargo, es una realidad que desde diversos espacios se busca visibilizar y denunciar, es la razón por la que cientos de mexicanas y mexicanos salen a las calles para exigir un alto a las violaciones a los derechos humanos, a la impunidad y el respeto al derecho fundamental: el derecho a la vida.



[1]
“Identifíquenla bien, se la llevan y la desaparecen, porque ella fue la que llamó a la policía” #Crónica http://michoacantrespuntocero.com/identifiquenla-bien-se-la-llevan-y-la-desaparecen-porque-ella-fue-la-que-llamo-a-la-policia-cronica/

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*Atziri Ávila
Oaxaca, México.

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