Puerto Rico: Marco complicado para la descolonización

Jesús Dávila*
ALAI AMLATINA

La preparación para el inicio formal en diciembre del proceso de descolonización de Puerto Rico – con la notificación a Washington del reclamo puertorriqueño de poner fin a la condición colonial- se produce en el marco de una intensificación del tema de la autodeterminación en islas que todavía están bajo dominio de potencias extra caribeñas.

Pero la notificación puertorriqueña, clara en lo tocante a la mayoría absoluta que rechazó la colonia en el plebiscito del 6 de noviembre, será un rompecabezas en cuanto a las alternativas para atender el asunto y desde ya se anticipa discusiones sobre sus posibilidades debido a que presenta el cuadro de esta pequeña nación dividida en al menos cuatro tendencias.

La versión más difundida en la prensa internacional es que Puerto Rico optó por la anexión con un 61 por ciento de los sufragios, mientras la libre asociación recibió cerca del 33 por ciento y la independencia, el cinco por ciento. El problema es que de los electores que votaron en el plebiscito, una gran cantidad dejó esa pregunta en blanco y sólo el 45 por ciento escogió la estadidad, lo que está muy por debajo de lo que sería necesario para sostener que esa es la voluntad del pueblo.

Puerto Rico fue adquirido por Estados Unidos en 1898 como resultado de la Guerra Hispanoamericana y durante los siguientes cincuenta años no buscó el consentimiento del país para su dominación. A mediados del siglo XX, con ayuda del carismático líder populista Luis Muñoz Marín, el movimiento anexionista, respaldo económico sólido de EEUU y persecución abierta de los independentistas, se logró el consentimiento del pueblo al régimen autonómico denominado Estado Libre Asociado con el 76,15 por ciento de los que votaron.

En un plebiscito en 1967, el ELA revalidó con más del 60 por ciento de los que electores que participaron y la anexión –propuesta por primera vez- recibió el 39 por ciento, en tanto que la independencia, todavía bajo persecución, fue reclamada por un 0,60 por ciento. Desde entonces, su respaldo ha ido bajando y ya en 1998 más de la mitad de los votantes escogieron “ninguna de las anteriores”. El 6 de noviembre de este año, parece haberse cerrado ese capítulo en la historia de Puerto Rico sin que la anexión haya cosechado suficiente respaldo para que pueda revalidar el dominio consentido de EEUU sobre Puerto Rico.

La situación en esta pequeña nación latinoamericana que constituye la colonia más populosa y con mayor fuerza económica entre las colonias isleñas del Caribe tiene un potencial de onda expansiva que todavía no ha sido objeto de mucha atención. Sin embargo, hay señales de puntos en los que podría tener impacto.

En las Islas Vírgenes Estadounidenses, compradas a Dinamarca en 1917, se discute abiertamente en la prensa la posibilidad de seguir el ejemplo puertorriqueño si funciona y, por el momento, estar atentos a su desarrollo. Entre los asuntos que se mencionan en la discusión están consideraciones económicas, cultura, la identidad nacional puertorriqueña y el problema de que en las elecciones generales en Puerto Rico, efectuadas el mismo día, el gobierno anexionista fue derrotado por la oposición autonomista y el gobernador electo, Alejandro García Padilla, rechaza los resultados del plebiscito.

La delegada ante el Congreso de EEUU por Islas Vírgenes, Donna Christensen, le dijo al Virgin Islands Daily News que estaba bajo la impresión de que esas objeciones “van a empantanar un tanto el proceso”. Aún así, dijo que vale la pena mantenerse al tanto porque su territorio podría usar un referéndum también.

Las Islas Vírgenes tienen experiencia en ese tipo de fracaso, pues el Congreso de EEUU ignoró una propuesta para establecer un régimen autonómico preparada por una asamblea constituyente.

Por supuesto, que ninguno de esos aspectos amilana a los anexionistas. El gobernador saliente, Luis Fortuño, ya ha anunciado que enviará la notificación oficial a la Casa Blanca y el Congreso tan pronto se produzca el documento de la Comisión Estatal de Elecciones, que espera terminar el escrutinio general durante el mes de diciembre. El comisionado residente, el anexionista Pedro Pierluisi, que revalidó en los comicios, se ha comprometido a impulsar el tema en la Cámara de Representantes en Washington.

De igual forma está entusiasmado el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos, quien ha iniciado los contactos con gobiernos latinoamericanos para notificar sobre el proceso de Puerto Rico y se muestra confiado de que al final del camino prevalecerá la independencia.

Otras dificultades para el proceso tienen que ver con el deterioro de la institucionalidad política pro EEUU en Puerto Rico.

Los dos partidos principales –el Partido Popular Democrático, ahora triunfante y el Partido Nuevo Progresista- vieron comprimirse sus bases y prácticamente empataron en 47 por ciento cada uno en un panorama en que la participación de electores bajó a casi el 77 por ciento. Por el contrario, el pequeño aunque influyente PIP, principal promotor de este plebiscito, logró un crecimiento significativo y recuperó su representación en la Legislatura, mientras el intento de tres partidos emergentes por recuperar aspectos del ideario muñocista de mediados del siglo pasado sufrió un duro revés y cada uno de ellos recibió menos del uno por ciento de los sufragios.

La prensa estadounidense destaca que el plebiscito no fue “vinculante” y sectores autonomistas así como de izquierda aseguran que no tendrá consecuencia alguna porque EEUU no le hará caso.

La situación es un tanto distinta en la Haya, donde el gobierno del Reino de Holanda anunció a finales de octubre que había comenzado a preparar los planes de contingencia para el apoyo económico al proceso de independencia de Curazao, donde los partidos favorecedores de esa alternativa se han alzado con el triunfo en las elecciones, si bien difieren en cuán rápida sería la separación. Lo que sí hacen claro voceros del gobierno holandés es que antes de proceder a la independencia, deberá producirse su ratificación en un referendo del pueblo de Curazao.

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