Los desafíos actuales para avanzar hacia el Nunca Más Terrorismo de Estado

Sin lugar a dudas, la sentencia de la Corte IDH del 24 de febrero de este año y la promulgación de la ley 18 831 que restableció la pretensión punitiva del Estado y declaró como crímenes de lesa humanidad las graves violaciones a los DDHH cometidas durante el pasado reciente son hechos de una enorme trascendencia: abren nuevos horizontes a la larga lucha que el pueblo uruguayo llevó adelante desde el 1º de marzo de 1985.

La lucha por Verdad, por Justicia y por la erradicación de la Impunidad son objetivos válidos en sí mismos. Son también herramientas indispensables para logros más amplios y más trascendentes: construir un país mejor, digno, justo, con plena vigencia de las normas democráticas, de las libertades públicas e individuales, de la institucionalidad democrática, de los Derechos Humanos. Fundamentalmente para asegurar que en nuestro país Nunca más haya terrorismo de Estado.


La creación de la Comisión Interministerial para cumplir con la sentencia de la Corte IDH es un paso valioso, aunque, lamentablemente, el gobierno no haya incorporado al movimiento sindical y a las organizaciones de DDHH que siempre han estado involucradas en la temática y que tanto tienen para aportar. El esclarecimiento de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos continúa siendo una herida abierta de la sociedad

La Resolución 60/147 de la ONU: la hoja de ruta mínima a seguir

Como Crysol reivindicamos y seguiremos bregando por la efectiva implementación de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas. Es la hoja de ruta mínima que los países que han vivido experiencias como las que padecimos en el Cono Sur deben recorrer para superar las heridas, los sufrimientos y las experiencias traumáticas del pasado terrorista.

Demandar el cumplimiento a cabalidad de la Sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman vs Uruguay, exigir que el país transite la ruta especificada por la comunidad de naciones en la Convención Internacional contra la Tortura y en la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, aplicadas a la especificidad de la realidad uruguaya, son los horizontes permanentes y actuales por los cuales necesariamente deberíamos desplegar nuestro accionar colectivo convocando al conjunto de la ciudadanía para su concreción.

Disculpas oficiales y públicas.

A 26 años de la reinstitucionalización democrática, es hora de que el Estado uruguayo asuma públicamente su responsabilidad por las graves violaciones a los DDHH cometidas en esas fechas y que pida las disculpas oficiales y públicas que las normas internacionales establecen.

Pedir disculpas a los familiares de las víctimas, a las víctimas sobrevivientes y a la sociedad toda no es pedir perdón. Las disculpas y el perdón son conceptos diferentes y no deben confundirse. Pedir disculpas es un acto de contrición pública y es el compromiso de renunciar a volver cometer los crímenes cometidos y de adoptar todas las medidas y acciones que correspondan para que los hechos no vuelvan a ocurrir.

El CALEN debe ser un espacio de Memoria y Recordación.

En ese sentido, el Estado como tal, sus tres poderes deben rendir homenaje público a las víctimas de su accionar y destinar un espacio material y de alto contenido simbólico como manifestación de ello. Como organización aspiramos a que el Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN), el lugar que fue la base de operaciones del Servicio de Información de la Defensa (SID) de las Fuerzas Conjuntas, sea transformado en un Espacio de Memoria, de homenaje y recordación a todas las víctimas del terrorismo de Estado, gestionado por las organizaciones defensoras de los DDHH, para promoción activa de ellos.

El Estado uruguayo debe apoyar a los denunciantes.

Al mismo tiempo, el Estado debe cumplir un rol más activo y comprometido con la justicia, involucrándose en la persecución de los criminales, promoviendo los juicios, las investigaciones y apoyando activamente a las víctimas.

Saludamos y felicitamos a las y a los centenares de ex presos políticos que han presentado denuncias en los juzgados, muy especialmente a las ex presas políticas que han tenido el coraje y la valentía de asumir públicamente la brutalidad y la depravación de los represores, conmoviendo a la opinión pública con sus testimonios. El Estado, desde la Dirección de DDHH, debe apoyar y respaldar a las víctimas que presentan denuncias, acompañarlas activamente, ofreciéndoles el apoyo jurídico, psicológico, emocional, afectivo y práctico.

Superar las carencias de las leyes reparatorias.

Asimismo, a lo largo de estos años se han aprobado leyes de carácter reparatorias, muy especialmente, las más importantes y las más positivas, con mayor impacto, durante el anterior gobierno.

Las mismas han tenido carencias, insuficiencias y omisiones que ofenden el sentimiento de justicia y de equidad. Es imprescindible, a corto plazo, en el presente mandato legislativo, que el Poder Ejecutivo actúe, para solucionar dichas carencias e inequidades antes de que sea muy tarde para la inmensa mayoría. Es un desafío imperioso, es hacer justicia con todas las víctimas y asegurar una vejez digna, sin exclusiones, sin inequidades, sin reparar obligando por ello a renunciar a legítimos derechos constitucionales como lo son los derechos previsionales de todos los ciudadanos.

Instalar la Institución Nacional de DDHH.

Para acabar con la impunidad es de fundamental importancia que Uruguay instale de una vez por todas la Institución Nacional de DDHH como espacio de defensa, de control y de vigilancia de su plena vigencia en el país. Reclamar su pronta instalación, bregar por la idoneidad de sus directores y, en esta etapa inaugural, lograr que uno o una de sus integrantes sea una persona que se haya caracterizado por la lucha contra los terroristas de Estado tiene una gran importancia teniendo en cuenta los desafíos que aún nos aguardan.

Oficializar el 14 de marzo como Día del Liberad@

Por último, la prisión prolongada y la tortura fue la metodología represiva deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para destruir a quienes consideraban sus enemigos. Uruguay fue el país del mundo que tuvo la mayor cantidad de presos políticos en proporción a su población. En mayor o en menor medida, con diferentes niveles de sadismo o brutalidad, todos fueron sometidos a apremios físicos, psíquicos y emocionales. La prisión política fue una metodología represiva y también un drama del conjunto de la sociedad uruguaya. Afectó a los directamente involucrados y a sus familiares directos, muy especialmente a las hijas e hijos y obligó a que, para evitarla, miles y miles de uruguayos debieran exiliarse.

Para que la democracia uruguaya no se asiente en la amnesia, como organización aspiramos a que el 14 de marzo sea reconocido oficialmente como Día de la y del Liberado, en homenaje a todos quienes sufrieron prisión por razones políticas, gremiales, culturales o ideológicas.

Cuando el Estado no persigue los delitos de lesa humanidad o ampara a los delincuentes es cómplice por omisión o se preocupa por “viejitos”, los ciudadanos de a pie deben tomar las iniciativas que sean necesarias. Hay que continuar la lucha por verdad y Justicia.


(*) Ponencia de Baldemar Taroco a nombre de Crysol en el Encuentro El futuro de Verdad y Justicia realizado el martes 15 de noviembre en el Teatro de la Facultad de Artes convocado por Editorial Trilce.

Artículo enviado por Antônio Losada

cunhalosada@gmail.com