Especial: Las elecciones en España y el voto de los "cubañolitos"
Los españoles acudieron esta semana a las urnas para elegir a un nuevo presidente de Gobierno. Desde hace meses analistas y encuestadoras auguraron que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sufriría su peor derrota en esas justas desde el fin de la dictadura del general Francisco Franco.
El Partido Popular, legítimo heredero de las falanges fascistas, llegó nuevamente al poder con más del 45%, no porque tenga las claves para salir de la difícil coyuntura económica, sino como resultado del voto de castigo. No pudo ser de otra forma. En medio de una profunda crisis estructural, un 21,5 % de desocupados (4 978 300), el más alto de la Unión Europea (UE), un plan de recorte al gasto público y el actuar de un partido que pese a llamarse socialista y obrero, no puso peros a los designios de los grandes bancos y las transnacionales.
Ante el llamado popular que pedía reformar el sistema político imperante, los socialistas se aliaron a la derecha para modificar en la carta magna española las líneas que frenaban la adopción de un paquete de medidas neoliberales que vulneran el llamado estado de bienestar. Recordemos que fue precisamente en la capital española, donde apareció por prima vez el movimiento de los indignados, que como virus informático se ha propagado por otras naciones de la UE y con especial fuerza, en los Estados Unidos.
Mientras la derecha ibérica se alzaba con la victoria, no me tomó por sorpresa la interpretación que los grandes poderes mediáticos occidentales darían a lo que desde hacía meses habíamos avizorado sucedería en la Mayor de las Antillas, este domingo 20 de noviembre.
El principal diario en español de Miami no perdió la oportunidad de cuestionar la legitimidad de los procesos electorales que se realizan en la Isla con la participación de más del 90 % de los electores, por no enmarcarse los denominados sistemas presidencialistas, caracterizados por el voto directo. No es este el momento de debatir si la democracia apenas se circunscribe al instante del sufragio o tiene que ver más con la respuesta que den los elegidos a las reivindicaciones de las grandes mayorías.
¿Herederos del integrismo o emigrantes como tantos?
Según un reporte publicado el pasado sábado en El Nuevo Herald que citaba a medios de prensa peninsulares, en Cuba más de 12 mil ciudadanos españoles ejercerían, lo que el tendencioso diario floridano denominó “su primer voto democrático”.
El hecho es que de esos 12 mil que solicitaron tomar parte en los comicios generales, el segmento más significativo lo integran varios cubanos de nacimiento que han adquirido la ciudadanía española, gracias a la aprobación en 2007 de la Ley de la Memoria Histórica.
La Ley de la Memoria Histórica concede la ciudadanía a los hijos, nietos y bisnietos (hasta 12 años de edad) de españoles exiliados como raíz de la Guerra Civil y la instauración del Nacional Catolicismo.
Más allá de la “buena voluntad” de Madrid, el crecimiento del número de electores residentes en ultramar, beneficia a los partidos tradicionales que cada cuatro años protagonizan reñidas campañas en busca del apoyo de una sociedad cada vez más indiferente a sus rejuegos políticos.
“Al naturalizarme como española me entregaron un pasaporte válido en toda la Comunidad Europea, no necesito visa para ingresar a montón de países, y me exime de presentar una carta de invitación como requisito para viajar a donde desee, siempre que tenga el dinero que es lo difícil.”, me comentó María Rodríguez que se naturalizó en 1998 a través de su abuela, una exiliada que llegó a la Isla en busca de paz y trabajo.
Interrogada sobre su participación en la elecciones generales, dijo que la embajada le envió las boletas electorales por correo postal, pero decidió no ejercer su derecho al sufragio porque no conoce cuáles son las propuestas o programas de los partidos políticos que compiten por el poder.
“No quise votar porque no tengo idea de las ventajas o perjuicios que pudiera traer la victoria de una u otra de esas formaciones. Creo que le daría mi voto a los indignados que protestan en las calles porque apoyo sus reivindicaciones.”, comentó María, quien se siente cubana por encima de todas las cosas.
Sin embargo, no deja de ser contradictorio que en Cuba, donde se recuerda con admiración el sacrificio de los hombres y mujeres que en el XIX entregaron sus vidas a la lucha contra el régimen colonial y la forja de una nación soberana, se exhiba el record de personas solicitando la ciudadanía española.
A fines del siglo XIX independistas, autonomistas, integristas y anexionistas esbozaron el régimen que desde sus visiones encontradas, aseguraría el futuro de la ínsula y sus habitantes. Los integristas eran abanderados de la más férrea subordinación a España, en tanto otros consideraban que en un rápido ingreso a la Unión americana, sería la panacea de todo problema y atraso.
Aunque la mayor parte de los que cada día hacen cola en las afueras del consulado de España en La Habana, dijeron estar motivados por el deseo de restaurar los lazos y rescatar la historia familiar, la mayoría alegó razones de tipo económico y pragmático. Ninguno habló de política. Porque para muchos Rajoy y Pérez Rubalcaba son dos seres cuasi desconocidos.
Para franquear las barreras
La explicación de que el mayor brote de « nuevos españoles » se esté dando en Cuba tiene que ver además con el carácter restrictivo de una política migratoria que establece que todo ciudadano cubano que desee viajar el exterior por asuntos personales, debe recibir una carta de invitación y solicitar el permiso de salida en la Dirección de Inmigración y Extranjería de su localidad.
Los permisos de entrada y salida fueron establecidos en diciembre de 1961 como medida coercitiva hacia las numerosas familias acaudaladas, que afectadas por las medidas revolucionarias decidieron hacer sus maletas y establecerse en el extranjero.
La carta de invitación para viajes privados se hizo obligatoria tras la publicación en 1978 del Reglamento (Decreto #26) de la Ley de Migración, aprobada dos años antes.
Ambas disposiciones legales muestran sorprendentes similitudes con las que regían los flujos migratorios en la antigua Unión Soviética. De ahí que las regulaciones vigentes en la Mayor de las Antillas, a 20 años del fin de la Guerra Fría sigan siendo asociadas con el llamado “Telón de acero”, término acuñado por Winston Churchill cuando los países bajo la égida de Moscú, limitaron los viajes de sus ciudadanos hacia las naciones fuera del campo socialista.
Un amigo una vez me preguntó qué pasaría si –hipotéticamente- cada cubano pudiera adquirir cualquier ciudadanía extranjera para evadir los inevitables trámites burocráticos que asume todo aquel que desee viajar de forma independiente. “¿Imagínate si Estados Unidos, Canadá o Israel comenzarán-también hipotéticamente- a naturalizar a cientos de miles de mis paisanos?”, me dijo con tono de ironía y preocupación.
El presidente Raúl Castro anunció el pasado agosto que se trabajaba en la instrumentación de la actualización de la política migratoria para ajustarlas a las condiciones “del presente y el futuro previsible” y apuntó que la medida es “una contribución al incremento de los vínculos de la nación con la comunidad de emigrantes.”
No obstante, el mandatario cubano precisó que “la flexibilización […] tendrá en cuenta el derecho del Estado revolucionario de defenderse de los planes injerencistas y subversivos del gobierno norteamericano y sus aliados y al propio tiempo, se incluirán contramedidas razonables para preservar el capital humano.”
En las asambleas populares previas al Sexto Congreso del Partido Comunista, 11 mil 195 participantes pidieron una flexibilización de la política migratoria, lo que se tradujo en un lineamiento que plantea “estudiar una política que facilite a los cubanos residentes en el país viajar al exterior como turistas”.
Aunque aún se desconocen cuáles serán beneficios que dicha actualización traerá a los residentes en la Isla sin otra ciudadanía que la cubana, se especula que serán derogados la carta de blanca (permiso de salida) y la carta de invitación.
La sociedad espera que la nueva política migratoria signifique el restablecimiento del dereche de los cubanos a entrar y salir de su patria sin la presencia de odiosas y extemporáneas regulaciones, que como reconoció el propio Raúl Castro, han perdurado innecesariamente.
*Periodista Cubano
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