Violencia contra las mujeres indígenas
Atziri Ávila
Las mujeres tenemos el derecho a acceder y desarrollarnos en igualdad de condiciones en los ámbitos social, económico, cultural, educativo, afectivo y político. Tenemos derecho a la vida, a la integridad personal, a la educación, a la salud, entre otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Si bien la violencia contra las mujeres es un delito penado por la ley y una violación grave a los derechos de las mujeres, pues afecta, menoscaba, restringe o anula el goce pleno de los derechos, la violencia contra las mujeres es una realidad cotidiana a la que las mujeres nos enfrentamos en la casa, el trabajo, la escuela, calle, hospitales, asambleas comunitarias, es decir tanto en espacios públicos como privados.
Las mujeres indígenas son violentadas de manera particular, pues además de ser objeto de violencia física, psicológica o emocional, patrimonial, económica, sexual, violencia obstétrica y política por ser mujeres, se les discrimina por ser indígenas.
A pesar de los adelantos, y de contar con un marco jurídico con enfoque de género como la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, las mujeres indígenas son violentadas al no poder acceder a los derechos básicos:
Educación
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, 6 de cada 100 mujeres, de 15 años y más, no saben leer ni escribir. En Oaxaca del total de 371 994 personas analfabetas, 65.6% son mujeres. De las mujeres se encuentran en condición de rezago educativo en dicha entidad 59.69% no han terminado la educación básica lo que impide que las mujeres conozcan, ejerzan y exijan sus derechos. Mucho menos se garantiza a las mujeres indígenas una educación que reconozca y atienda la diversidad cultural.
Salud
Las autoridades municipales, estatales y federales tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso de las mujeres a la protección de la salud y a la atención médica sin discriminación de ningún tipo pero, además de la atención precaria en los centros de salud, en México ha fallecido un total de 29,822 mujeres por causas maternas entre 1990 a 2013[1].
En estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, “las cifras de muerte materna dan cuenta de la carga desproporcionada que enfrentan las mujeres indígenas en relación con la población no hablante de un idioma indígena. Además, el importante porcentaje de población indígena en estas entidades indica la necesidad de establecer políticas diferenciadas en la atención obstétrica que atiendan a las necesidades particulares de estas mujeres desde una perspectiva intercultural y de derechos humanos. La discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en los servicios públicos de salud, así como las condiciones de marginación en las que frecuentemente se encuentran, imposibilitan su acceso al derecho a la salud y derivan en muertes prevenibles”.
Participación política de las mujeres
Las cifras de mujeres en puestos de representación sigue siendo muy baja, a pesar de que el “derecho a la participación política es reconocido como un derecho fundamental y, por tanto como un indicador de la calidad y el desarrollo de cualquier sistema democrático” y de que México ha contraído compromisos para impulsar la participación de las mujeres en la vida política y garantizar la paridad para acceder en condiciones de igualdad a las candidaturas y en la representación en los cargos de representación popular. Según datos del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, en la entidad de 570 municipios sólo 17 cuentan con una mujer como presidenta municipal, lo que representa a penas 3% de los ayuntamientos. Sólo 14% de los cargos en los cabildos están ocupados por mujeres[2]. Peor aún existen comunidades en dónde las mujeres no pueden votar en las asambleas, por lo que es necesario seguir fomentando la participación de las mujeres en la toma de decisiones en asuntos públicos y comunitarios.
A ello se suma que en los últimos 10 años, el número de mujeres que viven en situación de pobreza aumentó, dando lugar a lo que se conoce como “feminización de la pobreza”. Sólo el 1% de la propiedad de la riqueza mundial está en manos de las mujeres y muchas de ellas son las jefas de familia que tienen que procurar el bienestar de sus hijas e hijos.
Impactos de la violencia hacia las mujeres
“La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre” como lo afirma el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU. La desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una barrera que impide el desarrollo pleno de la humanidad y especial de las mujeres.
La violencia contra las mujeres indígenas es un grave obstáculo para alcanzar el desarrollo y la dignidad de las personas y de nuestros pueblos y comunidades y es una grave problemática que atenta contra sus derechos humanos limitando su libertad y autodeterminación.
Reconocer la violencia de género es difícil, incluso para las propias mujeres, quienes inmersas en el sistema patriarcal que otorga el poder a los hombres, normalizamos actos que violentan nuestra libertad, dignidad y autonomía asumiendo las responsabilidades de cuidado y sometimiento.
Actuar para transformar
La violencia contra las mujeres no responde a un orden natural, ni a una característica de su sexo, sino a una serie de costumbres que la sociedad ha construido y mantenido a lo largo del tiempo asignando roles de género. “A las mujeres se les enseña a cuidar de los demás, cuidar a los hijos, al marido, al papá, a la mamá, a las plantas y hasta a los perros, mientras que a los hombres se les enseña a mandar, a ejercer el pode, a que sean fuertes, valientes y violentos, no deben llorar aunque les duela algo, a ser bebedores de alcohol, inteligentes, formales, cumplidores, trabajadores, líderes, mujeriegos y dominadores de las mujeres”.
Sin embargo, dado que esas enseñanzas son una construcción social, la misma sociedad las puede cambiar y transformar, podemos comenzar cambiando las prácticas que se generan desde la casa, la escuela y en la política para abonar a cambiar el orden social de género que a la fecha distribuye a nivel mundial la riqueza y el poder privilegiando a los hombres. Este proceso gradual inicia con el conocimiento, defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, es un proceso individual que se enriquece con la experiencia de otras mujeres y hombres, pues la responsabilidad es social, y corresponde asumirla a todas las personas.
Conocer nuestros derechos nos ayuda a identificar y prevenir actos que inician con bromas hirientes pero que pueden derivar en acciones más graves como el feminicidio.
Es necesario seguir exigiendo que las autoridades realicen acciones y programas para la prevención de la violencia contra las mujeres; contar con servicios adecuados, eficientes y de calidad cuando estemos frente a situaciones de violencia; que se investiguen y no queden impunes los hechos de violencia contra las mujeres; que los servicios de salud tomen en cuenta la condición biológica, económica, étnica y social; gozar en igualdad de oportunidades del beneficio del desarrollo, y el ejercicio pleno de nuestras capacidades; que las autoridades realicen acciones, programas y políticas públicas basadas en el género y de acuerdo a nuestras necesidades, atendiendo de manera específica las necesidades de las mujeres indígenas.
Existen acciones que las propias mujeres han realizado y que pueden replicarse en otras comunidades como la creación de la Dirección de prevención y Atención de Violencia hacia las mujeres en cada municipio, donde especialistas puedan tratar cada caso y cada tipo de violencia; otra acción es que los cabildos estén conformados por igual número de mujeres que de hombres; que se realicen capacitaciones para fomentar el liderazgo social y político de las mujeres que conlleve a ser elegida para el ejercicio de un cargo comunitario; entre otras acciones.
Hoy, 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta fecha nos obliga a reconocer los avances a nivel global en materia de los derechos de las mujeres, pero también nos recuerda los pendientes y deudas con las mujeres con mayor nivel de vulnerabilidad como lo son las niñas y las mujeres indígenas, para quienes el acceso a sus derechos básicos no son una garantía y por los que tenemos que seguir luchando desde diversas trincheras.
[1] Informe Gire, Niñas y mujeres sin justicia, derechos reproductivos en México.
[2] Manual para la prevención y atención de la violencia desde las sindicaturas municipales en Oaxaca, IMO.
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