Corrupción continental y la Cumbre de la Américas

Por Oscar Ugartech e Armando Negrete ALAI AMLATINA

Perú seguirá en la mira del escenario económico mundial. Esta vez no por los actos de corrupción de su expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sino por lo que aparenta ser lo contrario. Entre el 13 y 14 de abril, se celebrará la Octava Cumbre de las Américas, en Lima. El tema a tratar será, paradójicamente, la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” y los invitados: 22 presidentes y 12 primeros ministros del continente. Cabe recordar que el país sede tiene a dos de sus expresidentes presos Alberto Fujimori (recién indultado por otro presidente acusado de corrupción) y Ollanta Humala; otro en trámite de extradición de EEUU, Alejandro Toledo, e investigaciones abiertas a otros dos expresidentes: Alan García y Pedro Pablo Kuczynski; a la candidata Keiko Fujimori y la exalcaldesa Susana Villarán.

El prólogo que acompaña a esta reunión de mandatarios es el capítulo Odebrecht, el caso más grande de corrupción en la historia del continente. Destapado por el departamento de Justicia de EEUU, en diciembre de 2016,[1] el conglomerado constructor fue acusado de implementar un complejo esquema de sobornos y compra de favores. Se estimó que la empresa pagó, entre 2001 y 2016, 788 millones de dólares a presidentes, representantes políticos y altos funcionarios, de izquierda y derecha, en Brasil, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, con el objetivo de asegurar negocios y ganar licitaciones.[2] La investigación, motivada por autoridades estadounidenses, obligó a que algunos países, ¡no todos!, condujeran investigaciones y aplicaran la ley a los involucrados.

Entre los invitados a la cumbre de Lima se puede destacar, por su participación en actos de corrupción: Mauricio Macri, envuelto en el escándalo de corrupción por la asociación con el fondo de inversión Blackwood Group, a partir de un holding familiar, que recibiera pagos a cambio de preferencias[3]; Michel Temer, actualmente investigado por aceptación de sobornos a cambio de favores políticos[4]; Juan Manuel Santos Calderón, investigado por recibir pagos durante su campaña de reelección presidencial en 2014[5]; y Enrique Peña Nieto, señalado por el exdirector de Odebrecht-México, aunque sin investigación abierta, por recepción de dinero durante la campaña presidencial y conocido por protección a altos funcionarios acusados de corrupción, desviación de recursos y recepción de dinero a cambio de favores.[6]

Salvo las honrosas excepciones de Brasil, Ecuador y el Perú, la experiencia latinoamericana en el combate a la corrupción ha seguido, más o menos, el siguiente ciclo: actos de corrupción à destape y escándalo à masificación y mediatización à persecución, castigo y expiación à censura, desinformación y olvido à actos de corrupción. El caso Odebrecht es emblemático y corresponde a la estampa más actualizada, pero la anteceden: Lava Jato en Brasil; la Casa Blanca y la Estafa Maestra en México; los Panamá Papers en Panamá; el Caso Caval en Chile; el Cementazo en Costa Rica, los Paradise Papers; un largo y conocido etcétera, y otro más largo y desconocido aún.

La cuestión es por qué la Cumbre de las Américas ha decidido realizar una reunión sobre corrupción y democracia, dadas la poca calidad de los invitados y las condiciones políticas actuales. Por qué ahora y no antes, cuando parecía igual de urgente, o incluso por qué no después, dado que la situación es básicamente la misma. Sobra recordar que la Cumbre fue impulsada por EEUU en 1994, el mismo año que firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para promover el libre mercado en el continente; en particular, la conformación del Área de Libre Comercio de América (ALCA). Desde entonces, salvo las últimas reuniones en Trinidad y Tobago (2009) y Colombia (2012), la Cumbre se ha alineado a la agenda del Consenso de Washington y ha gestionado la apertura comercial de los países latinoamericanos.

La respuesta es simple: el libre mercado necesita grados de legalidad y un Estado de derecho suficiente que asegure el movimiento de los capitales. La necesidad no es sólo de los gobiernos, sino principalmente de los capitales menos favorecidos, o más alejados a las élites políticas. Aunque los grandes capitales son cómplices y promotores de la corrupción alrededor del mundo, en América Latina la corrupción ha sido, también, una fuente de encarecimiento de la producción, de baja de productividad, de fuga de recursos públicos y privados, de incremento de la incertidumbre, de freno de la inversión y, por lo tanto, de estancamiento económico.[7] La corrupción expresa: a) que no hay Estado de derecho y que el poder Judicial está interferido por el poder Ejecutivo; y b) que el poder Legislativo o está intervenido por el Ejecutivo o está sin poderes de investigación efectivas.

En Brasil ha sido el poder Judicial el que investiga, en el Perú regularmente es el Legislativo que le pasa al Judicial lo evaluado en sus comisiones investigadoras. En México no se investiga en ninguna parte, hay protección a los investigados, y a los periodistas que buscan y encuentran, son acosados e incluso asesinados, como recientemente a Miroslava Breach y Javier Valdez. En la Argentina, el tema parece ser irrelevante y configura otra expresión de la cara dura del poder Ejecutivo[8]. Ya nos habíamos preguntado por la naturaleza democrática de la Cumbre de la OMC en Buenos Aires, en diciembre del 2017, cuando deportaron a 60 personas acreditadas ante la OMC. En este país las formas democráticas del partido en el poder no parecen importarle a nadie salvo a los opositores.

Hay tres países latinoamericanos hasta ahora a prueba de escándalos de esta naturaleza: Bolivia, Chile y Uruguay. Sin embargo, en Chile fue donde se inventó la llamada república de los empresarios, entendida como los gobiernos liderados por empresarios que, en general, tienen actividades económicas propias y son beneficiadas por las políticas del Estado. José Piñera y su hermano Sebastián son considerados los artífices, junto con el grupo del El Ladrillo de los Chicago Boys, de esta estructura corrupta. Quizás el caso Odebrecht no los involucró, pero sí posiblemente otras actividades extracurriculares de los altos funcionarios chilenos.[9] Bolivia y Uruguay, por su parte, son también a prueba de escándalos, a pesar de algunos intentos fallidos de la oposición en Bolivia. La diferencia fundamental es que en ninguno de estos países está presente la república de los empresarios.

Actualmente, existe un fuerte interés del capital internacional por recuperar a América Latina como el espacio de acumulación y reserva de capital que ha sido para las economías centrales en general, y para la economía estadounidense en particular, independientemente de la constitución del ALCA. En el imaginario liberal, la participación en el mercado debía definirse por la concurrencia de los capitales, la carrera del desarrollo tecnológico y búsqueda de mayores niveles de productividad, no por el diezmo político, el clientelismo corporativo y el lavado de dinero. De ahí que el objetivo real de la Cumbre sea reconstruir, aunque con bandidos en los gobiernos, condiciones políticas y económicas para los negocios o, en otras palabras, combatir la corrupción y promover la democracia. La buena noticia es que EEUU permitió la invitación por primera vez a Cuba (¿Trump?), que por cierto no tienen acusaciones de corrupción de Odebrecht, ¡enhorabuena!

Oscar Ugarteche
Coordinador, Proyecto OBELA, Investigador titular C IIEC UNAM, SNI/CONACYT

Armando Negrete

Proyecto OBELA, Técnico Académico IIEC UNAM